Asamblea Nacional inicia depuración interna: ya van 11 desvinculados por casos de nepotismo
En un nuevo intento por sanear la imagen institucional y fortalecer la transparencia pública, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, informó que hasta la fecha han sido desvinculados ocho funcionarios y otros tres han presentado sus renuncias voluntarias, tras detectarse que mantenían vínculos de parentesco directo o indirecto con asambleístas o altos funcionarios del Legislativo.
La medida responde a una investigación interna que detectó posibles prácticas de nepotismo dentro del órgano legislativo, una problemática que ha sido recurrente y ampliamente cuestionada por la ciudadanía y organizaciones de control. La administración actual decidió actuar con celeridad, y según Olsen, se continuará con el proceso de revisión de hojas de vida y contratos para identificar más posibles irregularidades.
“No podemos permitir que la Asamblea Nacional, que debe legislar y fiscalizar, sea un espacio donde se acomode a familiares. Estamos actuando con firmeza para cortar estos círculos de privilegio”, declaró Olsen en rueda de prensa.
🧾 ¿Qué se encontró?
El informe preliminar reveló que algunos funcionarios fueron contratados como asesores, asistentes o técnicos legislativos y compartían lazos de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con legisladores activos o con directores de áreas administrativas. Si bien en muchos casos los contratos eran legales en términos formales, la falta de concursos transparentes y la designación directa levantaron alertas sobre posible tráfico de influencias.
La Asamblea no ha publicado aún la lista completa de los funcionarios desvinculados, pero se sabe que los casos se distribuyen en al menos cuatro bancadas políticas, lo que confirma que el fenómeno del nepotismo no responde a una sola línea partidaria, sino a una cultura institucionalizada de compadrazgos.
📉 Un problema estructural y repetitivo
Este no es el primer escándalo de este tipo en el Legislativo ecuatoriano. En años anteriores, la Contraloría General del Estado ya había emitido informes con hallazgos similares. Sin embargo, pocas veces las denuncias derivaron en sanciones o acciones correctivas.
Lo que marca una diferencia en este caso, según analistas, es la voluntad política mostrada por la nueva administración del Legislativo, que intenta distanciarse del pasado marcado por escándalos de corrupción, nombramientos opacos y manejo político de los recursos humanos.
👁️ Transparencia en la mira pública
Olsen señaló que se implementará un sistema interno de control de contrataciones y que se establecerá un registro público de vínculos familiares en el que cada legislador deberá declarar si tiene parientes en nómina legislativa. Esta medida busca blindar la institución de futuros señalamientos y recuperar la confianza ciudadana.
La noticia ha provocado reacciones diversas en la opinión pública. Mientras algunos sectores aplauden la decisión como un paso valiente hacia la regeneración institucional, otros advierten que la medida será insuficiente si no se sancionan penalmente los casos de nepotismo doloso.
Organismos como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Red de Transparencia Legislativa han pedido que los informes sean entregados a la Fiscalía y a la Contraloría, con el fin de determinar si hubo perjuicio económico para el Estado.
🧩 ¿Desvinculación suficiente?
Aunque la acción del presidente Olsen ha sido calificada como positiva, también se ha cuestionado por qué no se han abierto sumarios administrativos ni procesos disciplinarios internos. Hasta ahora, la mayoría de las salidas han sido catalogadas como “renuncias voluntarias” o “terminaciones de contrato sin responsabilidad patronal”.
En este contexto, algunos legisladores han propuesto una reforma interna al reglamento de contratación de personal legislativo, incluyendo la prohibición expresa de contratar familiares directos de asambleístas, aun cuando no se encuentren dentro del mismo despacho o bancada.
