La Asamblea Nacional de Ecuador ha archivado, en primer debate, el proyecto económico urgente denominado «Ley Antipillos» o «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos», propuesto por el presidente Daniel Noboa. Con 84 votos a favor, los legisladores decidieron no avanzar con la iniciativa, que buscaba fortalecer la lucha contra el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal a través de medidas más estrictas.
El proyecto de ley, que incluía reformas para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, fue criticado por varios asambleístas que consideraron que algunas de sus disposiciones podrían generar un impacto negativo sobre la economía de los ciudadanos. En particular, se mencionó la preocupación de que la legislación estableciera un nuevo impuesto que afectaría a los ecuatorianos, lo que generó un fuerte rechazo por parte de sectores económicos y sociales del país.
Los detractores del proyecto argumentaron que el objetivo principal del gobierno al presentar la ley era, en efecto, recaudar más fondos mediante un aumento en la presión tributaria, en lugar de enfocarse exclusivamente en el combate al lavado de activos. De acuerdo con estos legisladores, la propuesta no contenía mecanismos claros que aseguraran que las medidas de control y sanción no se tradujeran en una mayor carga fiscal para los ciudadanos.
Por otro lado, el gobierno de Daniel Noboa defendió la ley argumentando que es esencial mejorar los mecanismos de control para evitar que los recursos generados por actividades ilícitas lleguen al sistema financiero, y que con esta ley se pretenden realizar mejoras en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, la falta de consenso entre los legisladores y las críticas al impacto económico de la ley llevaron a que el proyecto fuera archivado en su primer debate.
El archivo de este proyecto pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, particularmente en el manejo de los recursos fiscales y la implementación de medidas económicas que busquen equilibrar la necesidad de aumentar la recaudación fiscal con la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Este desarrollo legislativo podría generar nuevos debates sobre la necesidad de reformas fiscales más profundas que puedan abordar el lavado de activos de manera efectiva sin afectar la carga económica de los ecuatorianos. La situación también deja en evidencia la división política sobre cómo enfrentar los problemas estructurales del país relacionados con el crimen organizado y la evasión fiscal.
