En medio del debate nacional sobre la creciente preocupación por las economías criminales que afectan la seguridad y estabilidad del país, la Asamblea Nacional avanza con el primer debate del proyecto de ley que busca enfrentar estas problemáticas con medidas contundentes. En este contexto, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, ha brindado declaraciones que reflejan el trabajo riguroso y el compromiso político para garantizar que las disposiciones de esta legislación sean efectivas y responsables.
“Desde la postura que hemos venido trabajando, hemos presentado las observaciones para que las mismas puedan ser analizadas en la comisión correspondiente, uno de los puntos que presentamos y que acogieron nuestra solicitud, era relacionado al tema del Bloque de Seguridad y los grupos armados organizados”, señaló Tiupul en relación a las aportaciones hechas durante el análisis del informe para primer debate.
Este proyecto de ley surge en un momento crítico para Ecuador, donde las organizaciones criminales han extendido su influencia no solo en actividades ilegales tradicionales, sino también en economías paralelas que socavan la economía formal, la seguridad ciudadana y el desarrollo nacional. En respuesta, la Asamblea ha impulsado un trabajo multidisciplinario para crear un marco legal robusto que permita una actuación eficaz del Estado contra estos fenómenos.
La inclusión del Bloque de Seguridad, un mecanismo especializado para enfrentar grupos armados organizados, es uno de los avances más significativos que fueron resaltados por la vicepresidenta Tiupul. Esta medida refleja una estrategia integral que no solo contempla acciones policiales y judiciales, sino también la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de capacidades para desarticular estas redes criminales.
Además, la Asamblea ha enfatizado la importancia de garantizar que este marco legal respete los derechos humanos y los procesos democráticos, evitando así posibles excesos que puedan generar conflictos sociales o vulnerar libertades fundamentales.
Este enfoque ha permitido que la propuesta de ley reciba no solo críticas constructivas sino también un respaldo amplio que se refleja en la apertura para modificar artículos específicos y adaptar la normativa a las necesidades reales del país.
En suma, el informe para el primer debate de esta legislación representa un paso decisivo en la lucha contra las economías criminales en Ecuador. La Asamblea Nacional, a través de la voz de sus representantes como Carmen Tiupul, demuestra un compromiso claro por construir una ley que sirva como herramienta efectiva para recuperar la seguridad, la paz social y el desarrollo sostenible del país.
