La tensión política y judicial en el país se intensifica tras las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en respuesta a los pedidos de prisión preventiva realizados por la Fiscalía General del Estado y otras entidades vinculadas al denominado caso Triple A, una investigación que sacude al sector de hidrocarburos por la presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado.
En un pronunciamiento que no pasó desapercibido, Álvarez expresó su rechazo categórico ante la posibilidad de ser encarcelado:
“No tienen por qué dictar prisión preventiva. ¿Acaso soy Fito? Yo no soy ningún delincuente. Si quieren prisión preventiva es porque quieren la foto”, dijo, haciendo alusión al líder criminal Adolfo Macías, alias “Fito”, cuya imagen está relacionada con estructuras delictivas.
⚖️ El caso Triple A y las medidas cautelares
El caso ha generado gran repercusión desde abril, cuando el nombre del alcalde fue vinculado a un entramado de operaciones presuntamente irregulares en torno al transporte y almacenamiento de combustible subsidiado. Según la Fiscalía, mientras Álvarez ejercía funciones privadas, habría tenido participación como representante legal de una empresa comercializadora de combustibles que no habría cumplido con normativas vigentes.
Aunque en su defensa Álvarez sostiene que no existe evidencia directa que lo implique, el juez de la causa decidió imponerle medidas cautelares: uso de grillete electrónico, presentaciones periódicas ante la justicia y prohibición de salida del país.
Sin embargo, el incumplimiento de una de esas medidas —la colocación del grillete electrónico— desató el nuevo conflicto. El alcalde justificó su inobservancia señalando que padece de hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística, afecciones que, según sus médicos, le impedirían utilizar el dispositivo. Pese a que solicitó un peritaje médico judicial, este fue negado por el juez, lo cual provocó malestar en su equipo jurídico.
🔍 Fiscalía y Petroecuador piden prisión preventiva
Ante la falta de cumplimiento, la Fiscalía, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) han solicitado al juez que revoque las medidas sustitutivas y se ordene la prisión preventiva del alcalde. Argumentan que Álvarez ha desacatado una orden judicial y podría entorpecer el proceso.
Los representantes de estas instituciones sostienen que el incumplimiento no puede justificarse en razones médicas no comprobadas y que existe una conducta de obstaculización procesal.
🧍♂️ La defensa de Álvarez: “No soy ningún delincuente”
Desde su espacio semanal de enlace radial, Álvarez ha utilizado un discurso frontal para defenderse de lo que considera una persecución. Ha insistido en que su nombre ha sido arrastrado sin fundamentos técnicos ni jurídicos claros y que no hay pruebas de que él se haya beneficiado o participado en actividades ilícitas relacionadas con el combustible.
“Demuéstrenme que hubo tráfico. No hay. Demuéstrenme que tengo millones producto del combustible. No existe”, repitió el alcalde en tono desafiante.
Además, insistió en que las medidas solicitadas por la Fiscalía responden más a una estrategia mediática que a un análisis legal.
📅 Lo que se viene
El plazo para concluir la instrucción fiscal del caso vence el 11 de mayo de 2025. Después de esa fecha, el juez deberá resolver si llama a juicio a Álvarez y a los otros implicados. La defensa del alcalde busca extender el debate jurídico hacia una supuesta vulneración de derechos constitucionales y una instrumentalización política del sistema judicial.
Mientras tanto, la ciudad de Guayaquil se mantiene expectante. Si se dicta prisión preventiva contra Álvarez, se abriría un escenario de inestabilidad institucional en la segunda ciudad más importante del país, justo en momentos donde la criminalidad, el desempleo y la crisis energética demandan atención urgente desde el poder local.
