TRAGEDIA AMBIENTAL EN SUCUMBÍOS: OCHO MIL PERSONAS SIN AGUA TRAS PERFORACIÓN DE POLIDUCTO
La contaminación del río Cristal por robo de combustible deja sin acceso al agua potable a comunidades enteras en el cantón Gonzalo Pizarro. La emergencia ambiental y sanitaria sigue sin solución, mientras la remediación costará medio millón de dólares.
Gonzalo Pizarro, Sucumbíos. Ocho mil habitantes del cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, permanecen sin agua potable desde el domingo 27 de julio de 2025, tras un grave derrame de combustible originado por la perforación del poliducto Shushufindi – Quito, presuntamente cometido por bandas armadas dedicadas al robo de hidrocarburos.
La emergencia ambiental fue causada por la fuga de gasolina blanca, que se esparció a lo largo de más de 20 kilómetros, alcanzando el río Cristal, principal fuente de captación de agua para la población. Las consecuencias no se hicieron esperar: peces muertos flotan en las aguas contaminadas, la fauna ribereña ha desaparecido y el olor a químico inunda los hogares.
Una emergencia con rostro humano
Los pobladores de comunidades como El Cisne Amazonas, Lumbaquí, Paraíso Piedra Bola y Bella Esperanza, ahora deben enfrentar largas filas para acceder al agua que llega en tanqueros enviados por Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), Cuerpo de Bomberos, el Ejército y Petroecuador. La distribución, según se informó, se realiza mediante al menos diez vehículos diarios, pero no cubre toda la demanda.
“Mi hijo comenzó con sarpullido en la piel y no sabíamos por qué, hasta que nos dijeron que el agua estaba contaminada”, relató Génesis Almeida, miembro de un colectivo social que participa en la atención a las comunidades. “El olor era fuerte, y algunas personas hasta se desmayaron al tomar el agua. Pensamos que era cloro, pero no: era gasolina”, agregó.
El testimonio coincide con el de Silvia Cachago, una habitante de Lumbaquí que manifestó haber sentido “un sabor químico muy fuerte” al ingerir agua del grifo. Hoy, las familias recurren a baldes, canecas, ollas y todo tipo de recipientes para almacenar el agua limpia que logran recibir de manera intermitente.
Impacto ambiental y sanitario
El daño ambiental es evidente. Una inspección técnica realizada por el Municipio de Gonzalo Pizarro, junto con el Ministerio del Ambiente, confirmó la presencia de hidrocarburos en el afluente. Se tomaron muestras de agua desde el recinto Amazonas hasta Lumbaquí, y se identificó una franja de contaminación activa.
“La corriente estaba blanca. Era como si flotara una capa de aceite. Y lo peor: los peces comenzaron a morir. No sabemos si podremos volver a consumir agua de aquí”, señaló un comunero que participó en el reconocimiento del sector.
Las autoridades han detectado ya múltiples casos de enfermedades gastrointestinales y afecciones cutáneas. Equipos del Ministerio de Salud Pública han iniciado brigadas médicas en las zonas más afectadas para dar seguimiento a los síntomas reportados por la población.
Dificultades para enfrentar la crisis
Darwin Azes, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Gonzalo Pizarro, indicó que la situación es crítica: “Estamos hablando de una remediación que costará al menos medio millón de dólares, y no contamos con los recursos. La emergencia nos ha tomado sin capacidad de respuesta financiera”.
El Municipio ha presentado una denuncia formal por delito ambiental. La Dirección de Ambiente, Agua Potable y Gestión de Riesgos trabaja actualmente en un plan de descontaminación, que implicará la limpieza de ductos, tanques reservorios y redes de distribución de agua, proceso que podría tomar un mínimo de 15 días.
Desde Petroecuador se emitió un escueto comunicado en el que se informó que se ha iniciado un monitoreo conjunto con el Ministerio del Ambiente y que se han instalado puntos de contención para evitar la expansión del derrame. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha revelado la cantidad exacta de combustible derramado ni se han identificado públicamente a los responsables de la perforación.
Riesgo persistente en la Amazonía
Este no es un hecho aislado. Los atentados contra la infraestructura petrolera en la región amazónica se han convertido en una amenaza recurrente. Las operaciones de bandas organizadas dedicadas al robo de combustible —una actividad de alto riesgo y rentabilidad— continúan generando catástrofes socioambientales que afectan a miles de ecuatorianos.
Los habitantes del cantón Gonzalo Pizarro esperan respuestas urgentes. Mientras tanto, la vida cotidiana se ha transformado. Las clases escolares se han suspendido temporalmente, los centros de salud operan con reservas limitadas de agua y las actividades productivas, como la agricultura, están paralizadas.
En medio de la emergencia, el llamado de la población es unánime: que se aceleren las acciones de limpieza, se identifique a los responsables y se garantice la no repetición de estos hechos que vulneran derechos fundamentales y comprometen la sostenibilidad ambiental de una región vital para el país.
