Andrés Arauz denuncia intento del gobierno de Noboa y su bancada de archivar proyecto que rechaza arbitraje internacional y protege la soberanía ecuatoriana
Un proyecto impulsado por la Revolución Ciudadana
El líder político Andrés Arauz, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, denunció públicamente que el gobierno de Daniel Noboa y su bancada legislativa buscan archivar el proyecto de ley que tiene como objetivo rechazar el arbitraje internacional en controversias relacionadas con el Estado ecuatoriano.
Según Arauz, esta iniciativa legislativa busca dar cumplimiento al mandato popular expresado en el referéndum del 21 de abril de 2024, cuando dos tercios de los ecuatorianos votaron en contra del arbitraje internacional, respaldando la soberanía nacional y la protección de los recursos del país.
El trasfondo: ChevronTexaco y conflictos ambientales
Arauz recordó que uno de los objetivos centrales del proyecto de ley es impedir que Ecuador pague cerca de 2 mil millones de dólares a la petrolera ChevronTexaco, en el marco de arbitrajes internacionales relacionados con la contaminación de la Amazonía.
El dirigente aseguró que los procesos arbitrales internacionales han sido utilizados por empresas extranjeras para evadir responsabilidades ambientales y sociales, debilitando la capacidad del Estado de defender los derechos humanos de las comunidades afectadas.
En su declaración, Arauz señaló:
“Con este proyecto de ley se intentaba evitar que el pueblo ecuatoriano pague por los daños causados por ChevronTexaco, que contaminó la Amazonía y afectó la salud de sus comunidades. Archivar la ley es ponerse del lado de las transnacionales y no del país”.
Acusaciones contra el oficialismo y defensa de la soberanía
El excandidato presidencial también acusó a la bancada oficialista de ADN de actuar como “lacayos de las petroleras extranjeras”, señalando que el arbitraje internacional favorece a mineras y petroleras vinculadas a intereses extranjeros, incluyendo —según Arauz— a la familia Noboa.
Arauz enfatizó que permitir que las empresas extranjeras designen árbitros internacionales en conflictos contra el Estado implica aceptar una justicia privatizada, que podría costarle miles de millones de dólares al país, recursos que deberían destinarse a educación, salud y seguridad.
Una advertencia al país
El líder de la Revolución Ciudadana advirtió que la intención del gobierno es archivar el proyecto de ley “en silencio”, confiando en que el pueblo “permanezca adormecido o atemorizado”, mientras avanzan los intereses de las transnacionales sobre los recursos naturales del Ecuador.
Arauz finalizó señalando que esta lucha es por la soberanía y la dignidad nacional, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante decisiones legislativas que podrían favorecer el saqueo de recursos y debilitar la defensa de los derechos humanos en los territorios afectados por las industrias extractivas.
