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Ministro del Interior revela nombres de jueces y fiscales que favorecieron a criminales en el Operativo Gran Fénix 32

Un nuevo capítulo se abre en la lucha contra la impunidad judicial en el país. El ministro del Interior, John Reimberg, arremetió públicamente contra lo que calificó como un “sistema judicial cómplice del crimen organizado”, al revelar los nombres de jueces y fiscales que, según información oficial, habrían beneficiado de forma irregular a peligrosos delincuentes como alias ‘Mito’ y alias ‘Ronquillo’, recientemente capturados en el marco del Operativo Gran Fénix 32.

Este operativo fue ejecutado por unidades élite de la Policía Nacional en distintas provincias del país y dejó un saldo de siete personas detenidas, entre ellas los mencionados cabecillas, quienes registran amplios antecedentes penales por delitos como homicidio, tráfico de drogas, extorsión y asociación ilícita. Lo alarmante del caso no fue solo su recaptura, sino que, según el Ministro, ambos sujetos habían sido liberados en procesos anteriores gracias a decisiones judiciales polémicas y altamente cuestionadas.

Durante su declaración oficial, Reimberg no se limitó a hablar de forma genérica. Con tono firme, mencionó nombres concretos de funcionarios judiciales que, según reportes del Ministerio, habrían interferido en las causas penales para que los detenidos recobren su libertad en tiempo récord o bajo figuras jurídicas como medidas sustitutivas, falta de pruebas o nulidades procesales.

“Ya no es tolerable que mientras los policías arriesgan su vida deteniendo a estos delincuentes, ciertos jueces y fiscales los liberen como si nada pasara. Hoy decimos basta”, enfatizó el Ministro ante medios nacionales.

Complicidad institucional o debilidad del sistema judicial

Alias ‘Mito’ y alias ‘Ronquillo’ no son nombres desconocidos en el expediente criminal nacional. Ambos han sido identificados como actores claves dentro de estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y la extorsión, particularmente en zonas del sur del país.

Según el parte oficial, los procesados fueron detenidos con armas de fuego, dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización, lo que evidencia que seguían operando activamente en las calles. Sin embargo, lo más grave es que existían antecedentes recientes de su captura, y en cada ocasión, lograron ser liberados por decisiones judiciales en menos de 72 horas.

La revelación del Ministro ha generado revuelo tanto en el ámbito político como judicial. Se habla incluso de la posibilidad de solicitar una intervención del Consejo de la Judicatura, y en paralelo, se espera que la Fiscalía General inicie procesos investigativos contra los funcionarios señalados.

Desde la Defensoría Pública y algunos sectores del gremio judicial, se ha solicitado cautela ante las declaraciones del Ministro. Alegan que toda acusación debe sustentarse en pruebas y que la independencia judicial no puede estar supeditada a presiones políticas. No obstante, desde la ciudadanía, el mensaje ha sido contundente: la impunidad judicial alimenta el crimen, y la confianza en las instituciones pende de un hilo.

Gran Fénix 32: un operativo que pone el dedo en la llaga

El operativo fue calificado como exitoso por la Policía Nacional. Se trató de una acción conjunta entre el GIR, la Dinased, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y otras unidades especializadas. El despliegue tuvo lugar en simultáneo en zonas de Loja, El Oro y Guayas.

Además de las detenciones, se incautaron:

  • 3 pistolas calibre 9mm.
  • 2 vehículos de alta gama.
  • 500 gramos de cocaína.
  • Más de 8.000 dólares en efectivo.
  • Varios teléfonos celulares con información que ahora está bajo análisis criminalístico.

Se prevé que los capturados sean procesados por delitos conexos y que, esta vez, las audiencias no deriven en liberaciones prematuras.