Santiago Díaz Asque, el asambleísta prófugo acusado de violación: del poder político al escondite internacional
El nombre de Santiago Díaz Asque, hasta hace poco un cuadro fuerte del correísmo, ha pasado de figurar en sesiones legislativas y estrategias partidistas a las listas rojas de búsqueda internacional. El legislador suplente, hoy acusado de violación a una menor de 12 años, se ha convertido en el protagonista de un escándalo judicial y político de alcance internacional que ha estremecido al país y al movimiento Revolución Ciudadana (RC).
La denuncia formal fue presentada por el padre de la menor el pasado 8 de julio de 2025. Desde entonces, Díaz Asque no ha dado la cara, no ha asistido a la Asamblea Nacional y su paradero es incierto, aunque reportes de fuentes extraoficiales indican que estaría en Venezuela, resguardado por el régimen de Nicolás Maduro.
Ante la gravedad del caso y la evasión de la justicia, el Gobierno de Daniel Noboa anunció este 13 de julio una recompensa de USD 100.000 para quien brinde información verídica que permita su captura.
Un asambleísta sin votos, pero con poder
Santiago Díaz no fue elegido por voto directo, sino que accedió a la curul como suplente de Priscila Schettini, a quien el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó con tres años de suspensión de derechos políticos por violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar.
Este reemplazo, sin embargo, no implica que Díaz haya sido una figura menor. Al contrario, ha sido parte estructural del correísmo desde 2007. En la era de Rafael Correa ocupó puestos clave: asesor presidencial, coordinador de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y tesorero del TCE, entre otros cargos que lo consolidaron como un operador de confianza dentro del buró político.
Soledad Padilla, exasesora del exvicepresidente Jorge Glas, reveló en redes sociales que Díaz era “el asesor estrella”, jefe de todos, el que todo resolvía”, y que solo respondía ante Rafael Correa. Su protagonismo no era menor: dirigió campañas, movió decisiones internas, y conocía las dinámicas profundas del correísmo desde adentro.
De sospechoso a expulsado
Al hacerse pública la denuncia por violación, la bancada de Revolución Ciudadana actuó con rapidez para desligarse del escándalo. El 8 de julio, el movimiento anunció su expulsión inmediata, alegando que “frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio para la indiferencia”.
Este distanciamiento, aunque políticamente necesario, también busca frenar la erosión de credibilidad que el caso provoca en un año electoral y en medio de un clima nacional marcado por la inseguridad, el desprestigio institucional y la exigencia ciudadana de justicia sin privilegios.
La justicia detrás del telón político
Díaz enfrenta una acusación penal por violación, tipificada como un delito gravísimo que afecta directamente los derechos de la niñez y adolescencia. La Fiscalía investiga, y el Ministerio del Interior lo considera prófugo de la justicia. Su no comparecencia, su huida del país y su silencio reafirman su condición de sospechoso.
El Gobierno ecuatoriano ha pedido cooperación internacional, y en concreto, la atención de Venezuela, donde se sospecha que se encuentra. Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial de Caracas, lo que agudiza la tensión diplomática y alimenta la sospecha de que Díaz goza de algún tipo de protección en territorio venezolano.
El pasado que lo persigue
Esta no es la primera vez que el nombre de Santiago Díaz se vincula con escándalos. En 2018 fue investigado por su presunta participación intelectual en actos de tortura contra el periodista Alfonso Pérez, durante su gestión en la Senain. Si bien el caso no derivó en una condena, dejó una mancha en su historial público.
Más recientemente, en marzo de 2025, fue denunciado junto con Virgilio Hernández y Andrés Arauz por incumplimiento de decisiones judiciales en el proceso de designación del nuevo superintendente de Bancos, lo cual generó tensiones con la bancada del movimiento ADN.
¿Qué sigue ahora?
El caso plantea interrogantes de fondo:
- ¿Qué mecanismos tiene la Asamblea Nacional para proceder frente a legisladores prófugos por delitos graves?
- ¿Puede el sistema de justicia ecuatoriano asegurar un juicio justo si el acusado se encuentra fuera del país, y presumiblemente bajo protección política?
- ¿Es suficiente una recompensa monetaria para capturar a una figura con vínculos de alto nivel en la política regional?
Mientras tanto, la menor y su familia esperan justicia, la ciudadanía exige resultados, y el país enfrenta, una vez más, el desafío de actuar con firmeza cuando el poder se convierte en escudo para los posibles abusadores.
La historia de Santiago Díaz Asque, de operador político a prófugo de la justicia, es más que una anécdota judicial: es el reflejo de cómo las estructuras de poder pueden colapsar frente al clamor social por justicia y verdad.
La gravedad de la acusación y la figura del acusado convierten este caso en una prueba de fuego para el Gobierno, la Asamblea y el sistema judicial. ¿Permitirá Ecuador que este delito quede impune? ¿O será capaz de llevar ante la justicia a quien, hasta hace poco, representaba al pueblo desde una curul parlamentaria?
