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Alias “Fito” ante la justicia internacional: Corte Nacional convoca audiencia de extradición mientras Manta sigue bajo intervención policial

La justicia ecuatoriana se prepara para una de las audiencias más importantes y delicadas del año: la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros, considerada una de las más peligrosas del país y con vínculos directos al narcotráfico regional. La audiencia de extradición se realizará este viernes 11 de julio a las 15:00, en modalidad telemática, según lo anunció oficialmente la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Audiencia virtual con transmisión pública

Mediante un comunicado emitido el 9 de julio, la CNJ informó que, por razones de seguridad y para garantizar el normal desarrollo de la diligencia, se ha optado por realizar la audiencia vía Zoom, limitando el acceso físico al público. No obstante, al tratarse de una diligencia pública, se transmitirá a través de las redes sociales oficiales de la institución bajo el principio de transparencia judicial.

La sesión será presidida por el Dr. José Suing Nagua, presidente encargado de la CNJ y autoridad central en materia de extradición. El caso ha cobrado gran interés nacional e internacional debido al perfil del procesado y la gravedad de los delitos que se le imputan en Estados Unidos, país que todavía no ha oficializado públicamente el pliego de cargos, pero que ya ha activado su canal diplomático con la Cancillería ecuatoriana.

¿Qué puede pasar el 11 de julio?

En la audiencia se analizará si existen las condiciones jurídicas y constitucionales para acceder a la extradición pasiva de alias “Fito”. Si el procesado acepta voluntariamente ser extraditado, el procedimiento podría resolverse con mayor celeridad. En caso contrario, la Corte deberá convocar nuevas audiencias orales y resolver cualquier apelación dentro del marco del debido proceso.

La última palabra, sin embargo, recae en el Ejecutivo, que deberá aprobar o negar la extradición una vez culminado el proceso judicial. Esto coloca al gobierno del presidente Daniel Noboa en una posición crucial para decidir el destino de uno de los delincuentes más peligrosos del país.

Manta bajo intervención: ¿la punta del iceberg?

Paralelamente, mientras se define el futuro de alias “Fito”, el Municipio de Manta se encuentra intervenido por la Policía Nacional. La Agencia Municipal de Tránsito fue objeto de una operación a gran escala en la que participaron más de 230 uniformados, quienes asumieron el control de las funciones operativas y administrativas ante la evidencia de infiltración del crimen organizado.

El ministro del Interior, Miguel Reimberg, indicó que se realiza el levantamiento de información para detectar responsabilidades y que los servicios de tránsito estarán suspendidos por al menos 30 días, o el tiempo que sea necesario para sanear la entidad. Esta intervención se suma a la detención reciente de un exfuncionario de tránsito vinculado directamente con la seguridad personal de alias “Fito”, y que laboró en la institución por más de una década.

Un sistema que colapsó desde adentro

La conexión entre alias “Fito” y la corrupción institucional en Manta no es una simple coincidencia, sino un reflejo del avance del crimen organizado sobre las estructuras públicas. Las investigaciones apuntan a una red de operadores que facilitaban la movilidad, la protección y posiblemente el lavado de activos, aprovechando su posición dentro del aparato estatal.

La intervención no solo es necesaria, sino urgente, ante el colapso funcional de entidades que debían velar por el orden, pero que en muchos casos se convirtieron en cómplices del desorden.

Una ciudadanía expectante y vigilante

Mientras se acerca la fecha de la audiencia de extradición, la ciudadanía sigue con atención el proceso, esperando señales claras de que la justicia no será burlada esta vez. El caso de alias “Fito” no es solo un juicio contra un individuo, sino una prueba de fuego para el sistema judicial, el Ejecutivo y la institucionalidad democrática del Ecuador.

El 11 de julio marcará un punto de inflexión. Lo que ocurra ese día —y las decisiones posteriores— definirán si el país avanza hacia un verdadero combate contra el crimen estructurado o si, por el contrario, se mantiene atrapado en un ciclo de impunidad, donde los intereses del poder siguen por encima de la justicia.