Asamblea Nacional se pronuncia sobre la denuncia contra Santiago Díaz y exige celeridad a la justicia
En una sesión marcada por el debate ético, la defensa institucional y el clamor por justicia, la Asamblea Nacional del Ecuador se pronunció este miércoles sobre la denuncia presentada contra el legislador Santiago Díaz, quien enfrenta señalamientos graves que, de confirmarse, comprometerían no solo su reputación personal, sino también la imagen de la Función Legislativa en su conjunto.
El pleno legislativo, con mayoría de votos, aprobó una resolución que exhorta a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades judiciales competentes a actuar con celeridad y transparencia en el proceso de investigación del hecho denunciado. La resolución también invoca el respeto a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que regulan la actuación disciplinaria y penal en estos casos.
📄 ¿Qué dice la resolución?
En su parte resolutiva, el documento aprobado señala:
“La Asamblea Nacional del Ecuador, en ejercicio de su deber de control político y defensa del principio de legalidad, exhorta a la Fiscalía General del Estado y demás autoridades del sistema de justicia penal a dar trámite prioritario, objetivo y diligente a la denuncia presentada en contra del asambleísta Santiago Díaz, y en su momento, aplicar las sanciones que correspondan conforme a derecho.”
Asimismo, el texto subraya que ningún fuero político debe ser utilizado como escudo frente a posibles actos de corrupción o faltas graves, y que el compromiso de la Asamblea con la ética pública debe ser coherente con su accionar institucional.
🔍 ¿Qué se sabe de la denuncia?
Aunque por respeto al debido proceso la Asamblea no detalló el contenido de la denuncia, fuentes legislativas indicaron que se trataría de una acusación de abuso de poder y presunta obstrucción a la justicia, derivada de hechos ocurridos en su provincia de origen. La denuncia ya estaría en conocimiento de la Fiscalía, que ha iniciado una fase previa de indagación.
Santiago Díaz, legislador por la bancada del Movimiento ProPatria, no estuvo presente en la sesión plenaria de este miércoles. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, negó rotundamente las acusaciones, asegurando que se trata de una “maniobra política para dañar su nombre y truncar su carrera pública”.
🏛️ Un Legislativo entre la vigilancia y la presión pública
Este nuevo caso de presunta conducta irregular dentro del Parlamento ocurre en un momento de creciente desconfianza ciudadana hacia los actores políticos, en medio de casos recientes de corrupción, clientelismo y falta de control interno. Diversos asambleístas —tanto oficialistas como de oposición— coincidieron en la necesidad de que la justicia actúe con firmeza pero sin politización.
“Si hay una denuncia, debe investigarse. No podemos permitir que el fuero parlamentario se convierta en impunidad”, dijo la asambleísta Ana Lucía Espinosa (ID), durante su intervención.
Otros legisladores exigieron que se active el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en caso de existir pruebas suficientes, para evaluar posibles medidas disciplinarias internas, incluso la suspensión provisional del legislador involucrado.
⚖️ ¿Qué sigue ahora?
La resolución no tiene efectos jurídicos vinculantes, pero representa una presión política institucional para que la Fiscalía acelere el proceso de indagación. En paralelo, se espera que el CAL solicite informes oficiales al Ministerio Público y convoque a comparecencias en las próximas semanas.
En caso de que las investigaciones determinen la existencia de delito o conducta incompatible con el cargo, el legislador podría enfrentar desde una sanción administrativa hasta un juicio político, según lo establecen los artículos 163 y 164 de la LOFL.
La ciudadanía, cada vez más crítica, observa con atención lo que muchos ya llaman “una prueba de fuego” para medir la coherencia ética del Parlamento.
