Grave denuncia sacude a la Judicatura: Mario Godoy alerta sobre infiltración de redes criminales en el sistema judicial ecuatoriano
Una fuerte denuncia remeció este martes el panorama judicial y político del país. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el marco del proceso de investigación sobre presuntas irregularidades dentro del organismo que preside. Durante su intervención, Godoy fue categórico: “Existen infiltraciones de redes criminales en el Consejo de la Judicatura”.
La afirmación, contundente y sin rodeos, puso en evidencia una realidad que durante años ha sido señalada de forma fragmentada por distintos sectores: la penetración de estructuras delictivas en uno de los pilares fundamentales del Estado. En su intervención, el funcionario denunció que estas redes no solo buscan beneficios jurídicos ilegítimos, sino que incluso estarían influyendo en la designación de jueces, direccionamiento de fallos y manipulación de procesos disciplinarios.
Godoy, abogado de carrera y con una trayectoria en la administración pública, afirmó además que los tentáculos del crimen organizado se extienden dentro del sistema judicial con fines específicos: encubrir a sus operadores, controlar decisiones judiciales, obstaculizar investigaciones penales y garantizar impunidad a sus integrantes. “No es solo corrupción ordinaria, es crimen organizado operando desde dentro”, aseveró.
La comparecencia ocurre en un contexto crítico, en el que la institucionalidad del Estado ha sido duramente golpeada por escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y pugnas de poder entre los diferentes organismos de control. El Consejo de la Judicatura, encargado de la evaluación, sanción y promoción de jueces, ha sido cuestionado por decisiones polémicas, cambios abruptos de magistrados y supuestas injerencias externas.
En su testimonio, Godoy solicitó respaldo de la Asamblea para desarticular estas estructuras ilícitas, subrayando que enfrentarlas desde dentro requiere no solo decisión política, sino protección institucional y compromiso interinstitucional. También insinuó que miembros internos del Consejo estarían alineados con intereses ajenos al Estado, actuando como “peones del crimen”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Varios legisladores pidieron que se inicie una investigación integral para determinar el alcance de las declaraciones del presidente de la Judicatura. Organizaciones de derechos humanos y gremios de abogados exigieron transparencia, garantías procesales y protección a quienes se atrevan a denunciar estos hechos.
En redes sociales, la ciudadanía expresó preocupación, indignación e incluso resignación ante lo que consideran una muestra más de la fragilidad del sistema judicial ecuatoriano.
Esta denuncia pone nuevamente en debate la urgencia de una reforma estructural del sistema de justicia, la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, y la implementación de procesos meritocráticos reales para evitar que operadores de justicia sean cooptados por intereses oscuros.
El país espera que esta advertencia no quede archivada como otras tantas. La justicia no puede ser territorio de mafias. Si se confirma lo que denuncia Godoy, Ecuador se enfrenta no solo a una crisis judicial, sino a una amenaza directa a su democracia y seguridad.
