En una medida que busca marcar un antes y un después en la cultura institucional de la Asamblea Nacional del Ecuador, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, ha implementado desde este mes un sistema electrónico obligatorio de control de asistencia para los asambleístas. Esta nueva disposición ya produjo sus primeras consecuencias: durante la Sesión N.º 007 del Pleno, un total de 21 legisladores no registraron su asistencia, y deberán enfrentar una multa individual de USD 158,63, conforme a lo establecido en la normativa interna.
La implementación de este sistema responde a una preocupación creciente por el ausentismo parlamentario y la falta de compromiso con las responsabilidades legislativas. Para Niels Olsen, este es un paso firme hacia la disciplina, transparencia y eficiencia institucional: “No es aceptable que existan vacíos en la representación ciudadana. Quienes han sido electos para legislar deben cumplir con su rol de forma responsable y continua”, señaló en declaraciones recientes.
📌 Un cambio estructural en el control legislativo
El nuevo control de asistencia se realiza a través de un sistema biométrico y digital, que registra automáticamente la presencia de los legisladores en el recinto parlamentario. A partir de este mes, no cumplir con este requisito activa inmediatamente un proceso sancionatorio económico. La cifra de USD 158,63 corresponde al cálculo proporcional de la remuneración mensual, según el tiempo de ausencia injustificada.
Esta política, impulsada por la Presidencia de la Asamblea, forma parte de un plan mayor de reforma institucional interna, que incluye además auditorías de desempeño, controles cruzados y publicación de estadísticas de asistencia y votación en tiempo real. El objetivo: restituir la credibilidad del Parlamento ante la opinión pública, una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, según diversas encuestas.
📉 ¿Un síntoma de desinterés o de protesta?
Si bien la sanción ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía y varios sectores sociales, algunos asambleístas han cuestionado la forma en que se implementó la medida, alegando que no se dio el tiempo suficiente para familiarizarse con el sistema y que, en ciertos casos, hubo problemas técnicos no atribuibles a la voluntad del legislador.
En contraste, voces desde la sociedad civil exigen que este tipo de medidas se acompañen con transparencia en la publicación de listas de asistencia, para que los ciudadanos conozcan exactamente quiénes están cumpliendo (o no) con sus funciones.
📊 ¿Qué se espera a futuro?
Para muchos analistas políticos, la medida podría sentar un precedente positivo, pero advierten que debe ir acompañada de otros mecanismos de control y evaluación legislativa: cantidad y calidad de proyectos presentados, participación en comisiones, intervenciones en el Pleno y asistencia efectiva a las votaciones.
El desafío es mayor cuando se trata de reconstruir la relación de confianza entre el poder Legislativo y el electorado, en medio de un país que reclama mayor compromiso, eficiencia y ética en el ejercicio público.
