Organizaciones antimineras denuncian impactos ambientales y sociales por operaciones de la empresa Curimining en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Señalan posible represión y conflicto de intereses por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
La tensión en el Recinto La Unión, en el cantón Las Naves de la provincia de Bolívar, continúa escalando tras 19 días de resistencia pacífica de sus habitantes frente a las operaciones de la empresa minera Curimining S.A., filial del consorcio canadiense Adventus Mining y Salazar Resources. La comunidad denuncia graves impactos provocados por el tránsito intensivo de volquetas, asociadas al proyecto de minería a gran escala Curipamba-El Domo.
El Frente Nacional Antiminero, junto con organizaciones sociales y ambientales, emitió una alerta nacional este sábado 31 de mayo, ante el posible riesgo de una intervención policial en la zona. Esto, tras conocerse que el pasado martes 27 de mayo, cuando se cumplían 15 días de movilización comunitaria, se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre autoridades del Gobierno —incluyendo la Gobernación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional— y representantes de la empresa minera, sin la participación de la comunidad afectada.
Denuncias desde el territorio
Los habitantes del Recinto La Unión aseguran que la presencia masiva de maquinaria pesada y volquetas ha afectado gravemente sus caminos, contaminado fuentes de agua y amenazado la integridad de sus cultivos y ecosistemas. En respuesta, las familias se han organizado para ejercer una resistencia pacífica y comunitaria, bloqueando el paso de vehículos relacionados con la minería y exigiendo la suspensión de las actividades extractivas.
“No estamos armados ni somos violentos. Solo pedimos que respeten nuestro territorio y nuestra forma de vida”, señaló una moradora en declaraciones a medios comunitarios.
La comunidad ha erigido puntos de vigilancia autogestionados y mantiene una presencia permanente para impedir el paso de la maquinaria, a la espera de un diálogo directo con las autoridades que, hasta el momento, no se ha concretado.
Acusan conflicto de intereses en el Ejecutivo
Uno de los puntos más controversiales que ha encendido la alarma social es la presunta vinculación del presidente Daniel Noboa con inversiones privadas en el proyecto Curipamba-El Domo. El Frente Nacional Antiminero ha señalado que esta relación compromete la imparcialidad del Gobierno y convierte al Estado en juez y parte en un conflicto socioambiental que afecta a comunidades campesinas e indígenas.
“Exigimos total transparencia y responsabilidad. Si el presidente tiene vínculos económicos con la empresa Curimining, debe abstenerse de tomar decisiones que puedan implicar el uso de la fuerza pública contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la resistencia”, indica el pronunciamiento del Frente.
Riesgo de represión y llamado a la vigilancia ciudadana
La posibilidad de una intervención policial o militar en los próximos días ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen un escenario de violencia como los registrados en conflictos mineros anteriores, donde las protestas han sido reprimidas con gases lacrimógenos, detenciones y uso excesivo de la fuerza.
En ese contexto, los colectivos antiextractivistas han hecho un llamado a la vigilancia nacional e internacional, y a la solidaridad con las familias de La Unión, que —afirman— no han recibido ninguna respuesta oficial a sus reclamos.
“El Gobierno y la empresa deben ser responsabilizados por cualquier atentado contra la integridad física, emocional o patrimonial de los moradores del Recinto La Unión”, señala el comunicado.
Minería versus derechos colectivos
El caso de La Unión vuelve a colocar en el centro del debate el modelo de desarrollo extractivo en el Ecuador, y las tensiones estructurales entre los proyectos mineros de gran escala y los derechos de las comunidades rurales.
Aunque el Gobierno ha promovido la minería como una fuente estratégica de ingresos e inversión extranjera, diversas organizaciones argumentan que los costos sociales, ambientales y culturales no han sido adecuadamente valorados, especialmente en zonas como Bolívar, donde la resistencia comunitaria se ha vuelto recurrente ante la falta de consulta previa, libre e informada.
A medida que se agudiza la crisis en La Unión, el Gobierno se enfrenta a una decisión clave: continuar impulsando los intereses extractivos por encima de los derechos comunitarios, o abrir un espacio de diálogo transparente que reconozca los reclamos legítimos de la población afectada.
El desenlace de este conflicto podría marcar un precedente importante sobre la forma en que el Estado ecuatoriano gestiona los proyectos mineros en territorios habitados por campesinos e indígenas, así como su compromiso real con los derechos humanos, la justicia ambiental y la democracia participativa.
La comunidad de La Unión, por ahora, resiste con firmeza y sin armas, confiando en que la solidaridad ciudadana y la presión pública impidan una solución violenta a un conflicto que, como tantos otros en el país, exige justicia, verdad y respeto a la tierra.
