El ministro de Gobierno, José Julio de la Gasca, se pronunció este sábado sobre el nuevo proyecto de Ley económica urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Esta normativa, según explicó, tiene como eje central el combate a las economías criminales en un contexto de conflicto armado interno, y articula medidas económicas, judiciales y de seguridad para frenar el avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
La economía criminal como amenaza estructural al Estado
De la Gasca calificó esta propuesta legal como una medida extraordinaria, que busca dotar al Estado de herramientas eficaces para enfrentar una amenaza estructural que compromete la estabilidad institucional del país.
“Esta ley busca fijar los recursos criminales. Hay reformas económicas, sí, pero también hay temas de seguridad. Necesitamos reglas claras para que nuestras Fuerzas Armadas y Policía puedan actuar efectivamente contra estas organizaciones”, afirmó.
El ministro subrayó que no se trata de crear nuevos tributos, sino de regular y controlar mejor los flujos económicos vinculados al crimen organizado.
Un marco jurídico para el conflicto armado interno
Uno de los ejes fundamentales de esta ley, explicó De la Gasca, es establecer un marco normativo para el conflicto armado interno reconocido por el Estado ecuatoriano. Esto implicaría nuevas reglas de enfrentamiento, procesamiento penal y uso legítimo de la fuerza, aplicables en circunstancias excepcionales.
“Cuando se reconoce un conflicto normado, se activan nuevas reglas: cambia la forma de afrontar la economía, cambia la justicia, cambia el rol de las Fuerzas Armadas. El Estado entero se articula como un sistema para enfrentar este flagelo”, señaló.
También remarcó que estas disposiciones no son permanentes, sino específicas para contextos de conflicto, y que el objetivo final es restaurar el estado de paz en el país.
Fin del ‘turismo carcelario’ y prisión preventiva obligatoria
Entre los puntos más destacados del proyecto, el ministro insistió en la necesidad de evitar que criminales de alto perfil entren y salgan de prisión con facilidad, fenómeno que denominó como «turismo carcelario».
“Esta ley establece la obligatoriedad de la prisión preventiva para quienes sean calificados como ‘combatientes’ en el marco del conflicto. No podrán acceder a medidas sustitutivas”, indicó.
Asimismo, defendió que los militares y policías que hagan uso legítimo de la fuerza estarán protegidos con medidas especiales, incluyendo indultos condicionados y la prohibición de imponer prisión preventiva en su contra.
Críticas al hipergarantismo y llamado a un enfoque realista
De la Gasca también se refirió al debate que anticipa sobre la compatibilidad del proyecto con los derechos humanos, reconociendo que algunos sectores ya han planteado objeciones.
“Yo siempre respetaré el discurso de los derechos humanos, pero no el hipergarantismo que no calza con la realidad que hoy vivimos. Soñamos con una sociedad garantista, pero cuando esa sociedad permite que grupos narcoterroristas penetren al Estado, debemos reaccionar”, dijo.
Advertencia sobre el riesgo de que Ecuador se convierta en un narcoestado
El ministro advirtió que, sin una intervención integral, existe el riesgo de que el país se convierta en un narcoestado: “La economía criminal permea la justicia, las fuerzas policiales, las instituciones. Si no actuamos ahora, esta estructura puede tomarse el Estado”.
Llamado a la Asamblea Nacional y a la sociedad
Finalmente, De la Gasca hizo un llamado a la Asamblea Nacional a debatir el proyecto con seriedad, y pidió a los ciudadanos que lean el texto completo antes de opinar. También criticó a figuras políticas que desestimaron la propuesta sin conocer su contenido:
“No podemos seguir dependiendo de los estados de excepción. Esta ley busca sentar las bases de una respuesta estructural al crimen. Vamos a ver si la Constitución lo permite y, si no, tendremos que hacer los cambios”, concluyó.
