Caso archivado: Daniella Camacho desestima denuncia por peculado presentada por Mireya Pazmiño
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, resolvió archivar la denuncia por presunto peculado que la asambleísta Mireya Pazmiño presentó en 2023. Con esta decisión, uno de los casos que más controversia generó en los círculos legislativos y judiciales durante los últimos años llega, al menos momentáneamente, a su punto final.
📌 El origen de la denuncia
La denuncia, presentada por la legisladora Pazmiño, se fundamentaba en supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos durante la administración de un contrato estatal relacionado con servicios tecnológicos en el sector público. Según la versión de la asambleísta, existieron pagos injustificados que se habrían encubierto mediante la manipulación de informes técnicos y administrativos.
En su momento, la acusación tuvo eco mediático y político, especialmente porque involucraba a funcionarios de alto rango de la administración anterior. Pazmiño argumentó que el caso era una muestra de la «corrupción sistemática y estructural» que afecta a las instituciones públicas del país.
⚖️ El fallo de Daniella Camacho
Sin embargo, tras casi dos años de investigación preliminar, la jueza Daniella Camacho concluyó que no existen elementos suficientes para continuar con la instrucción fiscal ni abrir una causa penal por peculado. En su resolución, argumentó que:
- No se pudo comprobar el desvío o malversación de fondos públicos.
- Las evidencias presentadas no cumplían con los estándares legales para sostener una acusación formal.
- El informe pericial clave fue considerado “insuficiente y contradictorio”.
Camacho enfatizó que el principio de objetividad y la necesidad de seguridad jurídica obligan al sistema judicial a actuar con base en pruebas concretas, no en conjeturas políticas.
🧩 Implicaciones jurídicas y políticas
Esta decisión ha causado reacciones diversas. Mientras los simpatizantes de la jueza y del actual sistema de justicia celebran el archivo como una muestra de “independencia judicial” y “debido proceso”, sectores críticos —especialmente cercanos a la bancada de Pazmiño— han calificado la resolución como una “cortina de humo” para proteger a altos funcionarios involucrados.
Pazmiño, por su parte, reaccionó en redes sociales calificando el archivo como “una vergonzosa traición a la lucha anticorrupción”, y aseguró que acudirá a instancias internacionales de justicia para denunciar lo que considera una “impunidad institucionalizada”.
🧠 Análisis: ¿Un triunfo de la legalidad o una derrota de la transparencia?
Este caso reabre el debate sobre la efectividad del sistema judicial ecuatoriano en el procesamiento de delitos contra la administración pública. Para algunos juristas, el fallo evidencia que no todo señalamiento político puede traducirse en un juicio penal, y que la carga de la prueba debe respetarse. Para otros, representa una oportunidad perdida para desentrañar redes de corrupción que podrían haberse encubierto bajo tecnicismos jurídicos.
El archivo de la denuncia también pone en el centro de la discusión la figura de la jueza Camacho, quien ya ha estado al frente de casos emblemáticos como el de «Sobornos 2012-2016», lo cual ha generado tanto reconocimiento como controversias en su carrera judicial.
