El proyecto habitacional Alcázar de Jipiro II ha sido escenario de intensas inspecciones lideradas por técnicos del Municipio de Loja, en una acción que marca un paso crucial en el proceso de reubicación urgente de 46 familias del barrio Ciudad Victoria. Las visitas, iniciadas la segunda semana de mayo, responden a un proceso de evaluación y declaración de utilidad pública de ciertas viviendas del proyecto, donde serán trasladadas las familias afectadas.
🛠 ¿Por qué esta reubicación es urgente?
Las viviendas de Ciudad Victoria, entregadas hace poco más de una década como parte de un programa de vivienda popular, presentan fallas estructurales severas que ponen en riesgo la seguridad de sus ocupantes. Grietas profundas, humedad persistente, inestabilidad del terreno y defectos en la cimentación son algunas de las problemáticas reportadas por los residentes desde hace años y que, tras varias solicitudes ciudadanas, finalmente han recibido atención por parte del gobierno local.
La decisión de reubicar a las familias fue ratificada mediante resolución municipal y cuenta con el respaldo de informes técnicos que recomiendan desalojar las viviendas afectadas en un plazo no mayor a 60 días, contados desde el pasado 7 de mayo.
🏗️ Alcázar de Jipiro II: ¿la solución definitiva?
El proyecto Alcázar de Jipiro II fue concebido inicialmente como una urbanización planificada, destinada a brindar soluciones habitacionales dignas a familias de escasos recursos. Con casas de una y dos plantas, áreas verdes y servicios básicos ya habilitados, el sitio se presenta como una alternativa viable y segura para albergar a los damnificados de Ciudad Victoria.
Sin embargo, el proceso no está exento de tensiones. Durante las inspecciones, algunos moradores del sector receptor expresaron preocupación por el impacto que la llegada masiva de nuevas familias podría tener en la convivencia, servicios públicos y seguridad del barrio. El Municipio ha asegurado que acompañará el proceso con una estrategia social integral para fomentar la armonía comunitaria, el uso adecuado del espacio y la corresponsabilidad vecinal.
📋 Proceso técnico y legal
La declaratoria de utilidad pública de las casas implica un proceso legal riguroso, en el cual el Municipio inspecciona minuciosamente cada inmueble, verifica su estado, analiza la documentación legal y realiza un catastro actualizado. Solo después de esto se puede proceder a la adjudicación formal de las viviendas a los nuevos beneficiarios, quienes deben cumplir con ciertos criterios sociales y económicos.
La entrega no será inmediata. Las familias deben cumplir con requisitos previos, firmar actas de aceptación y participar en charlas de orientación. También se prevé realizar mejoras básicas en algunas casas antes de ser habitadas.
🤝 Voces de los protagonistas
“Llevamos años viviendo con miedo de que nuestra casa se venga abajo. Ahora al menos vemos que algo se está haciendo”, comentó Rosa C., madre de tres hijos y habitante de Ciudad Victoria, durante una reunión informativa con técnicos municipales.
Por su parte, María del Carmen García, directora de Planificación Territorial del Municipio, aseguró que este proceso “es parte de una política pública de vivienda que no solo soluciona un problema estructural, sino que devuelve dignidad y esperanza a decenas de familias”.
⏳ Plazo ajustado, expectativas altas
Con un cronograma claro y un plazo que vencerá a inicios de julio, las autoridades deberán ejecutar con precisión cada etapa del plan. Si bien la medida ha sido bien recibida por la mayoría, se espera que las instituciones involucradas —como Obras Públicas, Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo— realicen un seguimiento técnico y humano que garantice un proceso transparente y justo.
Este hecho no solo representa una acción de emergencia, sino también una alerta sobre la calidad de proyectos habitacionales anteriores, la falta de fiscalización y la necesidad urgente de planificar la ciudad pensando a largo plazo y no solo como una respuesta inmediata a las demandas sociales.
