El sistema judicial ecuatoriano vive una de sus más graves crisis institucionales de los últimos años. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en una decisión que marca un precedente contundente en la lucha contra la corrupción, destituyó a seis servidores judiciales —cinco jueces y una secretaria— quienes fueron hallados culpables por su implicación en una red delictiva identificada como el caso “Plaga”. El motivo: delincuencia organizada, tráfico de influencias y favores judiciales a cambio de altas sumas de dinero.
Esta decisión se fundamenta en las sentencias emitidas por los órganos competentes y en los procesos disciplinarios abiertos dentro de la institución. El caso “Plaga” destapó un entramado de corrupción judicial sin precedentes que habría favorecido con resoluciones ilegales a personas procesadas penalmente, muchas de ellas vinculadas a bandas criminales.
La red corrupta dentro de los tribunales
El nombre del caso —“Plaga”— no es casualidad. Se refiere al efecto expansivo de una red que, según la Fiscalía General del Estado, operaba de forma sistemática en varias instancias judiciales. La estructura descubierta dentro del sistema de justicia operaba de manera jerárquica, con roles definidos y una clara finalidad: manipular decisiones judiciales, principalmente para beneficiar a personas privadas de libertad por delitos graves, incluyendo homicidios, narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.
Los servidores judiciales ahora destituidos habrían recibido más de 60 mil dólares en total a cambio de sentencias favorables, medidas sustitutivas a la prisión preventiva, beneficios penitenciarios o nulidades de procesos judiciales. Las investigaciones revelaron la existencia de chats, transferencias bancarias y testimonios que probaron los nexos entre los jueces y los abogados defensores de miembros de estructuras delictivas.
Quiénes son los destituidos
Entre los destituidos se encuentran jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, jueces de garantías penitenciarias y un funcionario de la provincia de El Oro. También fue cesada una secretaria judicial que, presuntamente, actuaba como intermediaria entre los magistrados y los oferentes del soborno.
La gravedad de los hechos llevó al Consejo de la Judicatura a aplicar los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sancionan a los servidores que soliciten o acepten favores que comprometan su imparcialidad, así como a quienes, conociendo actos ilícitos, no los denuncien. La institución justificó las destituciones como “una medida necesaria para preservar la credibilidad del sistema judicial y cortar de raíz prácticas corruptas que afectan la independencia de la justicia”.
¿Cómo operaba el entramado?
Según informes filtrados de la investigación judicial, los jueces se coordinaban con abogados externos que actuaban como enlaces entre los familiares de los procesados y los funcionarios judiciales. Una vez negociada la suma, se emitían resoluciones exprés, en algunos casos sin que se hayan realizado las audiencias correspondientes o sin observar los plazos procesales establecidos por ley. El caso más grave habría consistido en la liberación de un procesado por asociación ilícita, quien había sido vinculado a un grupo criminal que opera en la Costa del país.
Consecuencias jurídicas e institucionales
Además de la destitución, los servidores judiciales también enfrentan procesos penales por delincuencia organizada. La Fiscalía ha solicitado penas que podrían superar los 10 años de prisión, y ha pedido medidas cautelares para asegurar su comparecencia en el proceso judicial. Algunas de estas personas ya han sido detenidas con fines investigativos.
Desde el ámbito institucional, el Consejo de la Judicatura ha anunciado una auditoría integral a los procesos en los que participaron los jueces destituidos y no se descartan más sanciones ni destituciones. La Unidad de Transparencia de la Corte Nacional de Justicia también ha activado un plan de control y revisión de expedientes sospechosos, especialmente aquellos que terminaron en sobreseimientos o nulidades dudosas.
Una justicia bajo sospecha
Lo ocurrido pone sobre la mesa un debate urgente: ¿cuán vulnerable es el sistema judicial ecuatoriano frente a la corrupción interna? Los analistas coinciden en que esta es una muestra clara de que no se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático que necesita ser desmantelado con firmeza.
La ciudadanía, por su parte, reacciona con indignación. Organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados han exigido una depuración real del sistema, mientras otros sectores han pedido la intervención internacional para fortalecer los procesos de veeduría y sanción.
El caso “Plaga” no solo es una advertencia para los servidores judiciales que se desvíen de su deber, sino también una oportunidad para emprender una reforma judicial estructural que priorice la meritocracia, la independencia y la ética profesional en cada una de sus instancias.
