Quito, 28 de abril de 2025 —
La tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional alcanzó un nuevo pico este lunes, luego de que el presidente de la República vetara de manera total el proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado por la Industrialización del Petróleo en los territorios de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena.
El proyecto de ley, aprobado semanas atrás con amplio respaldo legislativo, planteaba que estas provincias —históricamente relegadas pese a ser epicentros de la producción petrolera— recibieran una participación justa y proporcional de las rentas derivadas de la industrialización y comercialización de crudo y derivados.
La Asamblea Nacional, a través de un pronunciamiento oficial, calificó el veto como un acto de injusticia y abandono estatal.
“Una vez más, el Gobierno Nacional le da la espalda a los pueblos que han soportado las cargas ambientales, económicas y sociales de la explotación petrolera sin recibir beneficios reales a cambio”, declaró el presidente de la Asamblea, quien además acusó al Ejecutivo de insensibilidad política y de perpetuar la desigualdad territorial.
Contexto del Proyecto de Ley
La Ley pretendía asegurar que un porcentaje fijo de las rentas petroleras —por concepto de industrialización del crudo en las refinerías locales— fuera destinado directamente al financiamiento de infraestructura, salud, educación y desarrollo económico en Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena.
Actualmente, gran parte de las rentas generadas por la actividad petrolera son absorbidas por el Gobierno Central, dejando a las provincias productoras en situaciones críticas de pobreza y falta de servicios básicos.
Argumentos del Ejecutivo para el veto
El Ejecutivo justificó el veto total alegando que el proyecto contenía “vicios de inconstitucionalidad” y que ponía en riesgo la estabilidad fiscal del Estado. Según el informe de la Presidencia, “la distribución forzosa de rentas petroleras vulneraría principios de equidad presupuestaria” y abriría la puerta a futuras demandas de otras provincias.
Sin embargo, para varios analistas y asambleístas, este argumento “carece de sustento técnico y evidencia una falta de voluntad política” para corregir deudas históricas con los territorios amazónicos y costeros.
Reacciones locales
En Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena, las organizaciones sociales, autoridades locales y comunidades indígenas reaccionaron con indignación. Se han anunciado movilizaciones y acciones legales para exigir que el Estado reconozca su responsabilidad histórica.
El gobernador de Sucumbíos señaló que “no es un favor, es un derecho” que los territorios petroleros reciban compensaciones económicas adecuadas. Mientras tanto, en Santa Elena, líderes comunitarios advirtieron que la decisión del Gobierno “es una provocación que profundizará el sentimiento de abandono y exclusión”.
Próximos pasos
La Asamblea Nacional analiza la posibilidad de insistir en el texto original de la ley, aunque para ello necesitará una mayoría calificada (dos tercios del pleno). La correlación de fuerzas al interior del Legislativo será crucial para definir si se impone la voluntad del Parlamento o si, como en otros casos recientes, prevalece el veto presidencial.
En cualquier escenario, este nuevo choque de poderes deja en evidencia las profundas fracturas que atraviesan al país y plantea interrogantes sobre el modelo de redistribución de la riqueza petrolera en Ecuador.
