En un pronunciamiento contundente, la Asamblea Nacional del Ecuador ha solicitado al presidente de la República, Daniel Noboa, que emita con urgencia el reglamento de la Ley Reformatoria para la Seguridad Aérea, aprobada en el año 2021, cuyo objetivo principal es controlar y frenar el uso ilegal de avionetas vinculadas al narcotráfico.
Esta exigencia surge en un contexto de creciente preocupación nacional por la penetración del crimen organizado en diferentes frentes, y especialmente por el uso de pistas clandestinas y aeronaves livianas para el transporte de drogas hacia países de Centroamérica y Norteamérica.
📜 ¿Qué dice la ley?
La norma, aprobada hace más de tres años, reformó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras leyes conexas para dar paso a un sistema de vigilancia más riguroso del espacio aéreo nacional. Establece que todo vuelo de avioneta debe ser registrado, monitoreado y justificado, especialmente en zonas fronterizas y áreas sensibles del país.
Sin embargo, la falta de reglamentación impide su aplicación efectiva. La ley necesita de un reglamento ejecutivo para definir aspectos operativos clave:
- El protocolo de intervención y detención de vuelos irregulares.
- El control del uso de pistas privadas y clandestinas.
- La coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
- La adquisición de tecnología de rastreo aéreo y satelital.
🚨 Contexto de inseguridad
Ecuador ha sido testigo en los últimos años de un alarmante aumento del tráfico de drogas, con operaciones aéreas ilegales que sirven como puente para el envío de estupefacientes a otros países. Según informes de inteligencia militar, más de 150 pistas clandestinas han sido detectadas, muchas de ellas en zonas rurales de provincias como Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Loja.
En varias ocasiones, se han reportado aterrizajes y despegues nocturnos de avionetas sin plan de vuelo o con transpondedores apagados, lo que impide su rastreo.
La ausencia de un marco normativo operativo ha limitado a las autoridades a reaccionar de forma eficaz, permitiendo que el crimen organizado se fortalezca por aire, al igual que lo ha hecho por mar y tierra.
🏛️ Exigencia política con respaldo técnico
Durante el reciente debate en el Pleno, varios asambleístas coincidieron en que esta omisión pone en peligro la soberanía nacional. Exigen que el presidente Daniel Noboa cumpla con su atribución constitucional y firme el reglamento para operativizar la ley, en un momento en que la seguridad nacional está en juego.
“El Ejecutivo no puede seguir ignorando una herramienta legal que le otorgó el mismo Legislativo. La lucha contra el narcotráfico requiere voluntad política y acción inmediata”, expresó un legislador de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral.
Además, varios expertos en defensa aérea han señalado que sin un sistema de radar completo y sin regulación clara, el país seguirá siendo un «corredor aéreo vulnerable» para el crimen transnacional.
⚖️ Implicaciones
Esta falta de reglamentación no solo ralentiza la lucha contra el narcotráfico, sino que también pone en tela de juicio el compromiso del Estado en garantizar la seguridad ciudadana y el control de su espacio aéreo.
De no emitirse el reglamento pronto, la Asamblea podría iniciar acciones de fiscalización e incluso debatir una moción de exhorto o censura política, dependiendo de la respuesta del Ejecutivo.
