El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció enérgicamente tras la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de firmar el Decreto Ejecutivo 562, mediante el cual se revierte la administración del Parque Samanes al Gobierno Nacional, quitando esta responsabilidad al Municipio de Guayaquil. En declaraciones públicas y a través de sus redes sociales, Álvarez calificó la medida como una «persecución evidente» y criticó la forma en la que se ha manejado la decisión, asegurando que la misma es «absurda, infantil y torpe».
¿Qué establece el Decreto 562?
El Decreto Ejecutivo 562, firmado el 11 de marzo de 2025, dispone que el Gobierno Nacional retome la administración del Parque Samanes, un espacio emblemático de Guayaquil que ha sido gestionado por el Municipio en los últimos años. Con esta acción, la autoridad municipal pierde el control sobre las decisiones de mantenimiento, desarrollo y administración de este importante espacio público.
El Ejecutivo justificó la medida bajo el argumento de que el Estado debe garantizar el manejo eficiente de bienes nacionales, especialmente en un contexto en el que se busca optimizar los recursos y mejorar la seguridad en parques y áreas recreativas de gran afluencia ciudadana. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte respuesta por parte del gobierno local.
Aquiles Álvarez: «La persecución es evidente y absurda»
El alcalde Álvarez no tardó en reaccionar, asegurando que esta medida forma parte de un ataque político en su contra. En su pronunciamiento, expresó:
«La persecución no solo es evidente, es absurda, infantil y torpe. El Parque Samanes tiene propiedad privada y predios municipales. No lo pueden administrar a dedo.»
Álvarez argumentó que el parque no es un bien completamente estatal, pues en su extensión existen terrenos que pertenecen a propietarios privados y al Municipio de Guayaquil, lo que generaría una controversia legal sobre la viabilidad de la decisión del Ejecutivo.
Asimismo, enfatizó que el Municipio ha invertido recursos significativos en la conservación y mantenimiento del parque, garantizando que los ciudadanos puedan disfrutar de un espacio en condiciones óptimas.
El Parque Samanes y su importancia para Guayaquil
El Parque Samanes es uno de los espacios recreativos más grandes del Ecuador, con más de 850 hectáreas, áreas verdes, canchas deportivas, senderos ecológicos y espacios de esparcimiento para miles de guayaquileños. Su administración ha sido un tema de debate constante entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, especialmente desde que la alcaldía asumió su mantenimiento.
El Municipio ha asegurado que, bajo su administración, el parque ha recibido mejoras significativas, incluyendo proyectos de reforestación, mejoramiento de infraestructura y mayor seguridad para los visitantes.
Reacciones y consecuencias políticas
El decreto presidencial ha generado una fuerte reacción política y ciudadana. Diversos sectores han interpretado la decisión como un intento del Gobierno de Daniel Noboa por debilitar la gestión municipal de Guayaquil, en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y ciertas alcaldías del país.
Mientras tanto, expertos en derecho constitucional han señalado que la medida podría generar disputas legales, ya que, si el parque tiene predios municipales y privados, su administración no puede ser asumida unilateralmente por el Gobierno sin un debido proceso legal.
Por su parte, ciudadanos y colectivos sociales han expresado su preocupación sobre cómo afectará este cambio en la administración del parque y si tendrá consecuencias en su mantenimiento y acceso público.
¿Qué sigue ahora?
El alcalde Álvarez ha anunciado que evaluará acciones legales para impugnar la decisión del Ejecutivo y defender la administración municipal del parque. Además, ha reiterado su compromiso con la ciudad y con la defensa de los espacios públicos de Guayaquil.
Por otro lado, se espera que el Gobierno Nacional explique con mayor detalle cómo planea gestionar el Parque Samanes bajo su administración y si habrá cambios en su manejo o en la seguridad del lugar.
El debate sobre la autonomía municipal y la intervención del Gobierno en la gestión de los recursos locales sigue abierto, en un escenario de creciente polarización política en el país.
