El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó formalmente el 5 de marzo de 2025, el diferimiento de la audiencia de vinculación de cargos en su contra por el caso conocido como «Triple A». El pedido fue realizado ante el juez encargado, argumentando que su abogado defensor, Geovanny Vásquez, se encuentra bajo prescripción médica luego de presentar un cuadro clínico que le obliga a guardar reposo durante ocho días.
La solicitud de Álvarez se produce en un momento crítico para el proceso judicial, que está relacionado con el presunto desvío de recursos públicos en el contrato de servicios de recolección de basura en la ciudad de Guayaquil. El caso «Triple A» ha mantenido a la opinión pública en vilo desde que se revelaron irregularidades en el manejo de los contratos públicos y el presunto conflicto de intereses que involucra a varias personas cercanas al actual alcalde.
Según los abogados de Álvarez, la solicitud para posponer la audiencia es fundamentada en la imposibilidad de su defensa de participar adecuadamente en el proceso debido a la condición médica de su abogado. La petición fue respaldada por documentación médica oficial, que detalla el cuadro clínico del defensor y su necesidad de reposo. La respuesta del juez a este pedido determinará si la audiencia se reprogramará, lo que podría prolongar aún más el proceso legal que involucra a una de las figuras políticas más relevantes de la costa ecuatoriana.
Por otro lado, desde los círculos políticos y sociales, este nuevo giro en el caso ha generado diversas reacciones. Varios opositores de Álvarez interpretan esta solicitud como una táctica para dilatar el proceso, lo que podría ofrecerle más tiempo para fortalecer su estrategia de defensa. Mientras tanto, los seguidores del alcalde sostienen que se trata de una situación fuera de su control, que busca asegurar que su abogado tenga las condiciones necesarias para representarlo adecuadamente.
A medida que el caso avanza, la ciudadanía continúa observando con atención los detalles de este escándalo, que podría tener repercusiones importantes no solo para Álvarez, sino para la administración de la ciudad. La transparencia en los procesos judiciales y la lucha contra la corrupción siguen siendo temas clave en la agenda política del país.
