El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado una medida crucial para afrontar la grave situación de inseguridad y violencia que afecta a varias provincias del país. En un decreto oficial emitido este 04 de marzo de 2025, se renovó por un periodo de treinta días la declaratoria de estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, además de la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, de Azuay, debido a la grave conmoción interna que viven estos territorios.
Contexto y Razones de la Medida
El estado de excepción, que fue instaurado inicialmente en octubre de 2024, tiene como fin enfrentar la creciente ola de violencia, el narcotráfico, las disputas entre bandas criminales y el colapso de los sistemas de seguridad en diversas zonas del país. La renovación de esta medida, aunque controversial, responde a un panorama crítico que afecta a cientos de miles de ecuatorianos, que enfrentan día a día situaciones de violencia extrema, desplazamientos forzados y un constante clima de incertidumbre.
Con la medida vigente, las fuerzas armadas y la policía nacional cuentan con facultades especiales para realizar operativos de seguridad, intervenir en áreas críticas y restringir ciertas libertades con el objetivo de garantizar el orden público. Entre las facultades otorgadas, se encuentra la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como la libertad de reunión y la libertad de tránsito, en función de las necesidades operativas.
¿Por qué esta medida es necesaria?
El Gobierno de Noboa ha declarado en diversas ocasiones que las bandas delictivas han tomado el control de diversas zonas del país, especialmente en el sur y el litoral, y que la estrategia de fortalecer la presencia militar y policial ha sido crucial para contrarrestar la situación. La intervención de las fuerzas armadas y la policía busca recuperar el control de las calles, disminuir las extorsiones, las muertes violentas y el secuestro.
Además, el narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones, con Ecuador como puente clave para el tráfico de drogas hacia otros países. El presidente ha expresado su compromiso en combatir este fenómeno, que se ha convertido en un negocio multimillonario y que alimenta la violencia.
Impacto en la ciudadanía y las medidas tomadas
Las voces disidentes han manifestado su preocupación sobre las implicaciones del estado de excepción, señalando que, aunque la medida busca restablecer la seguridad, también puede poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. En muchas zonas, los habitantes aseguran que los operativos no solo afectan a las bandas criminales, sino que también generan temor entre la población civil, quienes se sienten vulnerables ante las restricciones impuestas.
El Gobierno ha asegurado que durante estos treinta días de prórroga, se tomarán medidas para garantizar que las acciones de las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, especialmente en las zonas más afectadas. Se contempla, además, una mayor presencia de organismos internacionales de derechos humanos para vigilar la implementación de las medidas.
¿Qué pasa ahora?
El presidente Noboa ha manifestado su intención de seguir trabajando en una estrategia de seguridad integral, que no solo dependa de las fuerzas armadas y la policía, sino que también implique el fortalecimiento de la justicia, el acceso a oportunidades para los jóvenes y la intervención en las causas sociales que fomentan la violencia. Sin embargo, muchos sectores sociales aún esperan ver resultados más tangibles que ayuden a reconstruir la confianza en las instituciones del Estado.
