Nacional, Urgente

Ministerio del Interior solicita información sobre trabajo legislativo en seguridad y grupos vulnerables

El Ministerio del Interior, como entidad responsable de garantizar la seguridad interna en Ecuador, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional, liderada por su presidenta Viviana Veloz, un informe detallado sobre los proyectos legislativos realizados entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Esta solicitud busca analizar los esfuerzos conjuntos entre las funciones Ejecutiva y Legislativa para fortalecer la garantía de los derechos humanos, proteger a los grupos vulnerables y combatir el crimen organizado.

En el comunicado oficial, el Ministerio subrayó la importancia de evaluar las iniciativas orientadas a:

  1. Protección de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
  2. Garantía de derechos frente a la desaparición forzada.
  3. Legislación antimafia y contra el crimen organizado.
  4. Inclusión del enfoque de género en las normativas antimafia.

Asimismo, se solicitó información sobre la integración de instrumentos internacionales, opiniones consultivas y recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos. Esto incluye el cumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional sobre garantías y derechos exigibles en casos de desaparición forzada.

El Ministerio destacó que “la garantía y exigibilidad de los derechos humanos constituye un deber primordial del Estado ecuatoriano”, instando a una colaboración efectiva entre las funciones del Estado para abordar los retos en materia de seguridad y justicia.

En la comunicación también se rechazaron categóricamente los comentarios que sugieren actos de violencia sistémica por parte de los organismos estatales. En cambio, se hizo un llamado a la Asamblea Nacional para trabajar en conjunto en la construcción de respuestas coordinadas frente a los crecientes hechos de violencia, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos.

Con este pedido, el Ministerio busca robustecer la cooperación interinstitucional, asegurando que las normativas en materia de seguridad reflejen las necesidades reales de la población y cumplan con los estándares internacionales.