El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en seis provincias del Ecuador, además de la capital, Quito, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, con una vigencia de 30 días a partir del 2 de diciembre de 2024. La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 469 y responde a la «grave conmoción interna» que afecta al país debido al incremento de la inseguridad y la declaratoria de conflicto armado vigente desde enero.
Alcance del estado de excepción
La extensión de la medida busca reforzar las capacidades del gobierno para enfrentar el crimen organizado, controlar la violencia, y garantizar la seguridad ciudadana en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, y Orellana, además de Quito y Camilo Ponce Enríquez. Sin embargo, las limitaciones impuestas por la Corte Constitucional restringen las acciones gubernamentales a solo ciertos derechos fundamentales:
- Suspensión de la inviolabilidad de domicilio: se podrán realizar allanamientos de manera más expedita.
- Suspensión de la inviolabilidad de correspondencia: permite interceptar comunicaciones para investigaciones judiciales.
Medidas excluidas
La Corte Constitucional declaró inconstitucionales otras disposiciones del decreto inicial, como:
- Movilización de la Policía y Fuerzas Armadas para combatir grupos del crimen organizado.
- Requisiciones de bienes como armas y explosivos sin autorización previa.
- Suspensión del derecho a la libertad de reunión en espacios públicos.
Estas restricciones limitan las herramientas del gobierno, dejando únicamente habilitadas las medidas relacionadas con allanamientos y correspondencia, siempre bajo supervisión judicial.
Restricciones de movilidad
El estado de excepción incluye un toque de queda en zonas específicas de Ecuador, vigente todos los días entre las 22:00 y las 05:00. Las áreas afectadas incluyen:
- Guayas: Durán, Balao, y la parroquia Tenguel.
- Los Ríos: Babahoyo, Quevedo, Buena Fe, Valencia, entre otros cantones.
- Orellana: Puerto Francisco de Orellana, Joya de Los Sachas y Loreto.
- Azuay: Camilo Ponce Enríquez.
El objetivo principal de estas medidas es reducir las actividades ilícitas que se desarrollan durante las horas nocturnas, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva.
Contexto y repercusiones
El estado de excepción renovado ha generado diversas opiniones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores consideran que estas medidas son necesarias para controlar la crisis de seguridad, otros critican la efectividad de estas estrategias al no abordar las raíces del problema, como el fortalecimiento de instituciones judiciales y la reinserción social.
El gobierno enfrenta el reto de aplicar estas disposiciones sin vulnerar los derechos ciudadanos en un momento crítico para el país, especialmente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
