El presidente de la República, Daniel Noboa, ha dado un paso firme en su estrategia para combatir la delincuencia en Ecuador, proponiendo una reforma parcial a la Constitución que busca remover a las personas privadas de libertad de la categoría de grupos de atención prioritaria. Este anuncio, realizado el 6 de noviembre, ha generado opiniones diversas en el ámbito político y social, reabriendo el debate sobre los derechos de quienes están en prisión y la asignación de recursos públicos en el país.
En un comunicado oficial, la Presidencia detalló que la reforma impulsada por Noboa tiene como objetivo priorizar los recursos y servicios para aquellos grupos que realmente los necesitan y que, según el mandatario, “lo merecen”. Noboa expresó en su cuenta en X (anteriormente Twitter): “Durante décadas, el sentido de justicia en la distribución de recursos y servicios públicos ha sido deficiente. He enviado una reforma parcial a la Constitución para corregir este error y propongo remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria.”
La propuesta será revisada en primera instancia por la Corte Constitucional, que deberá validar que el cambio no infringe derechos fundamentales ni altera aspectos centrales de la Constitución. En caso de que la Corte apruebe la reforma, la iniciativa pasará a la Asamblea Nacional, donde se requerirá el respaldo de dos tercios de los asambleístas para su aprobación definitiva.
Esta reforma es un claro reflejo del enfoque que Noboa ha asumido frente a la problemática de la inseguridad y la delincuencia en el país, priorizando recursos para otros sectores vulnerables y buscando un cambio en la manera en que se otorgan beneficios a las personas privadas de libertad. La medida plantea un nuevo debate sobre el balance entre derechos humanos y la necesidad de reducir los índices de delincuencia en el Ecuador, y podría marcar un precedente importante en la política penal del país.
