El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sancionado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con una multa de $9.600 por incurrir en una infracción electoral considerada muy grave de violencia política de género contra la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo. Esta sanción se produjo tras un mensaje que Álvarez publicó el pasado 16 de julio en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), en el que se refirió a Jaramillo en términos despectivos, llamándola «niña vaga» y cuestionando su desempeño en el ámbito político.
La sanción, que responde a una infracción electoral considerada de alta gravedad, subraya la importancia de la protección de los derechos de las mujeres en la esfera pública. El mensaje de Álvarez, en el cual también hacía alusión a la militancia pasada de Jaramillo en el Partido Social Cristiano (PSC), fue interpretado por el TCE como un acto que menoscaba la dignidad de la asambleísta y constituye un claro ejemplo de violencia de género en el contexto político.
Esta resolución marca un importante precedente en Ecuador, en un momento en que la sociedad civil y los organismos de justicia promueven la erradicación de la violencia de género en la política y en otros espacios públicos. La medida del TCE destaca el deber de los funcionarios de ejercer sus cargos con respeto y responsabilidad, y se alinea con los esfuerzos internacionales para eliminar cualquier tipo de violencia o discriminación contra las mujeres en la vida política.
La multa de $9.600 impuesta al alcalde de Guayaquil es un recordatorio de que el Estado ecuatoriano ha intensificado sus políticas y sanciones para combatir la violencia de género en el ámbito político. El TCE reafirma así su compromiso de proteger el derecho de las mujeres a participar en la política en un ambiente libre de agresiones, tanto físicas como verbales. Además, esta resolución es una señal de que los comentarios que intenten menoscabar la participación femenina en el espacio político serán revisados y, de ser necesario, sancionados con rigor.
Este fallo representa una victoria significativa para el respeto de los derechos de las mujeres en el ámbito político ecuatoriano y establece un llamado a la reflexión para las figuras públicas sobre la importancia de mantener un discurso respetuoso e inclusivo. Se espera que esta medida tenga un efecto disuasivo y motive a los actores políticos a respetar la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción de género o afiliación partidaria.
