La Defensa Internacional de Rafael Correa y Jorge Glas ha emitido una respuesta firme en rechazo a la reciente declaración emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los ha declarado como «no elegibles para entrar a EE.UU». Esta decisión ha generado una controversia a nivel internacional y ha sido calificada por sus abogados como una flagrante violación de derechos fundamentales, así como de los principios internacionales de refugio y asilo político.
El equipo legal de ambos exmandatarios ecuatorianos señala que esta decisión es una intervención injustificada en la soberanía de Ecuador y un intento de influir en procesos judiciales que, según ellos, están marcados por la persecución política. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y Jorge Glas, exvicepresidente, han sostenido durante años que son víctimas de una persecución política organizada por sectores opositores tanto a nivel nacional como internacional.
En el comunicado oficial de la defensa, se afirma que la medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos atenta directamente contra el derecho de cualquier individuo a buscar refugio y protección en terceros países, especialmente cuando enfrentan juicios y decisiones que se consideran arbitrarias y motivadas políticamente. «Es inaceptable que un país que se presenta como defensor de los derechos humanos viole los principios básicos del asilo y refugio internacional», indica el comunicado.
Además, el equipo legal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias opiniones que destacan la importancia de proteger a aquellos que enfrentan persecuciones políticas, y aseguran que continuarán luchando en todas las instancias internacionales para defender los derechos de Rafael Correa y Jorge Glas.
Finalmente, la defensa asegura que esta medida, lejos de amedrentarlos, refuerza su compromiso de llevar este caso ante la comunidad internacional y seguir defendiendo la verdad. Según ellos, este tipo de sanciones son solo una muestra más de la presión ejercida sobre sus clientes para silenciarlos y evitar que se haga justicia.
