El listado de los 10 principales deudores sentenciados por corrupción en Ecuador ha sido revelado, destacando a figuras clave que han sido condenadas por delitos que afectaron gravemente al país. La Procuraduría del Estado se encuentra actualmente inmersa en 14 procesos para la recuperación de activos y dinero provenientes de casos de corrupción, con el objetivo de restituir estos recursos a las arcas del país. El monto total de las sentencias alcanzadas en estos casos asciende a $154,8 millones, sin embargo, el desafío principal radica en lograr cobrar dichas deudas.
Entre los nombres que figuran en este Top 10, se encuentran políticos y exfuncionarios de alto perfil, algunos de los cuales están prófugos de la justicia. De acuerdo con un reciente informe publicado por el portal de noticias @primicias, estos son los principales deudores:
- Carlos Pareja Yannuzzelli (CAPAYA): $54 millones
- Carlos Pólit: $40,4 millones
- Jorge Glas y otros: $33,4 millones
- Rafael Correa y otros: $14,7 millones
- Fernando Moreno y otros: $4 millones
- María Sol Larrea: $3,6 millones
- Fernando Mantilla: $2,4 millones
- Alecksey Mosquera: $1 millón
- Pedro Delgado: $614.655
- Álex Bravo: $364.205
La complejidad de estos procesos legales ha ralentizado la recuperación de estos recursos. En muchos casos, los acusados han eludido la justicia mediante apelaciones, refugios en el extranjero o la falta de mecanismos efectivos de recuperación de activos.
El caso más emblemático es el de Carlos Pareja Yannuzzelli, conocido como CAPAYA, exministro de Hidrocarburos, quien lidera la lista con una deuda de $54 millones. Le sigue Carlos Pólit, excontralor del Estado, con una deuda de $40,4 millones, quien también se encuentra fuera del país. Otro nombre relevante es el del exvicepresidente Jorge Glas, quien junto a otros sentenciados debe pagar un total de $33,4 millones.
Estas cifras muestran el impacto devastador que la corrupción ha tenido en Ecuador, un problema que continúa afectando tanto la economía como la confianza pública en las instituciones. A pesar de los esfuerzos de la Procuraduría por recuperar estos fondos, las dificultades para cobrar estos montos reflejan la magnitud del problema y los obstáculos legales que enfrentan las autoridades.
